El juzgado de Instrucción número 1 de Tremp ha prorrogado medio año esta causa, hasta agosto, contra la exdirectora y la exresponsable de Higiene Sanitaria de la Residencia Filella de Tremp donde a consecuencia de un brote de la Covid 19º en noviembre de 2020 murieron 64 de los 142 residentes. Xavier Prats, director del despacho Prats Advocats, representa los intereses de los familiares de 3 usuarios de la residencia fallecidos durante el brote. Asimismo, Prats Advocats ejerce la acusación popular en la causa abierta contra las dos imputadas en defensa de las trabajadoras del centro, que se vieron obligadas a realizar su trabajo en una condiciones laborales ínfimas.
La jueza sustituta del Juzgado Número 1 de Tremp declaró el pasado mes de febrero esta causa como compleja, prorrogando, de esta manera, seis meses, hasta agosto esta causa, donde todavía las dos imputadas por parte de Fiscalía en febrero de 2022 por los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio a los usuarios y por las condiciones de trabajo de los trabajadores, todavía no han declarado en los juzgados cuando este viernes se cumplirá un año de las primeras declaraciones de testigos (mossos d’esquadra, la responsable – en aquellos momentos- de las regiones sanitarias de Lleida, el Alt Pirineu y el Aran, y la directora que se encargó del centro cuando éste fue intervenido por salud. Posteriormente fue el turno de declaraciones de los trabajadores -49-, que constataron, como ya lo habían hecho el resto de declarantes, el caos de este centro geriátrico a causa de la nefasta gestión de las dos imputadas.
El abogado leridano Xavier Prats, especialista en derecho penal y director del despacho de abogados Prats Advocats ejerce la acusación popular en la causa de las trabajadoras, mientras que en la de homicidio imprudente y trato vejatorio a los usuarios lo hace como acusación particular en representación de los intereses de familiares de tres de las víctimas.
Todas las declaraciones en estas dos causas, realizadas hace ya un año, corroboran que la gestión del centro en aquellas fatídicas fechas fue de un descontrol y caos total. En este sentido, al salir de los juzgados después de estas sesiones de hace un año el abogado especializado en derecho penal Xavier Prats manifestó que “ha quedado acreditado que todo era un caos, que faltaban manos y recursos, que las trabajadoras no contaban con el material necesario de protección y que la dirección no cumplía con el plan de contingencia”. El abogado leridano, especializado en la representación en juicios de carácter penal y en la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios por negligencia sanitaria, mala praxis médica, accidentes de tráfico, etc. indicó en su momento que las trabajadoras del centro y los internos vivían situaciones dantescas. “