Novedades favorables para el consumidor a la hora de reclamar la cláusula suelo

30 de enero de 2020

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado hoy jueves sobre la validez de los pactos novatorios en las cláusulas suelo determinando que sólo son válidos si el banco demuestra que explicó de una manera correcta y concisa a la persona que contrató la hipoteca a cuanto dinero renunciaba

Gracias a estas conclusiones del Abogado General del TJUE, un paso previo a la sentencia definitiva que se producirá en unos meses, continua abierta la posibilidad de litigar ya que los bancos tendrán que demostrar, caso por caso, que el acuerdo al que llegaron con el cliente fue negociado y no se trató de un abuso de posición. De manera concisa, los bancos tendrán que demostrar que no impusieron a sus clientes las cláusulas de los acuerdos novatorios.

La cláusula de renuncia a posteriores reclamaciones será válida siempre y cuando cumpla con la transparencia que exige la Directiva 93/13. Es decir, los bancos tendrán que demostrar que informaron a sus clientes a cuánto dinero estaban renunciando al firmar el acuerdo.

En el periodo comprendido entre 2007 y 2008 muchas entidades financieras colocaron a un gran número de clientes contratantes de hipotecas las denominadas clausulas suelo sin advertirles de una manera clara y transparente sobre sus consecuencias económicas posteriores. Esta falta de transparencia por parte de los bancos abrió la puerta para las reclamaciones una vez que los tribunales declararan el abuso de las mismas.

En mayo de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo, pero no obligaba a devolver las cantidades abonadas de más. Sin embargo, en diciembre de 2016, el TJUE corrigió la doctrina del Supremo obligando a los bancos a devolver el dinero. A partir de este momento, muchos bancos firmaron con sus clientes los denominados pactos novatorios que cambiaban las condiciones de los contratos, pero obligaban al cliente a renunciar a emprender acciones legales, perdiendo con ello el dinero abonado de más en muchos casos.

Se estima, que en estos momentos hay más de medio millón de personas que todavía no han presentado una reclamación y que han perdido una media aproximada de 20.000 €

 

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