El pasado 9 de octubre, la directora del Hogar de San José declaró, ante la juez encargada del caso, a raíz de la querella presentada por un grupo de 6 familias de residentes del centro, desgraciadamente fallecidos afectados por la Covid-19, representadas por el abogado leridano Xavier Prats, director del despacho Prats Advocats.

Tras la admisión a trámite de la querella presentada por un grupo de familiares de residentes de la “Llar de Sant Josep” contra este centro geriátrico, la directora de la residencia fue llamada a declarar por esta causa en el Juzgado número 1 de Lleida el pasado 9 de octubre. En su declaración, la responsable del centro geriátrico en ese momento, dependiente de la Generalidad de Cataluña, reconoció que en las primeras semanas de la pandemia se vieron desbordados y que no contaban con todos los recursos necesarios para hacerle frente; asimismo, confirmó la muerte de 30 personas en la residencia afectadas por la Covid-19. En su defensa manifestó que hicieron todo lo posible para seguir los protocolos de seguridad y prevención y que, incluso, fue la propia residencia, propiedad de la Generalitat, la que en primera instancia compró los kitts de protección y seguridad ante la Covid-19

Xavier Prats, director del despacho de abogados leridano Prats Advocats, en representación de las seis familias que presentaron la querella declaró al informativo Telenoticias Comarcas de TV3 que en el momento de producirse la primera ola de la pandemia «la residencia carecía o no tenía la asistencia médica pertinente. Sabemos que el centro tenía un médico de baja y que sólo contaba con un médico que visitaba alguna hora semana y que no se realizaba el seguimiento pertinente de los pacientes». Los denunciantes destacan también la falta de información por parte de la residencia sobre el estado de sus familiares, el incorrecto aislamiento de las personas sanas de las afectadas y las escasas medidas de seguridad para prevenir el contagio aplicadas por la residencia.

La querella presentada contra esta residencia de ancianos de Lleida se interpone por un supuesto delito de homicidio imprudente, un delito continuado de omisión del deber de socorro y otro de atentado contra la integridad moral, así como un delito continuado contra los derechos los trabajadores.

Cabe destacar que en estos momentos, la fiscalía investiga un total de 26 residencias de ancianos en el conjunto de Cataluña por su negligente gestión de la Covid-19 y el gran número de personas muertas en estos centros por dicha causa.