El pasado viernes comenzaron las declaraciones de las trabajadoras del centro geriátrico Fiella de Tremp, donde murieron 64 de sus 142 residentes, en poco más de un mes. Las declaraciones forman parte de la causa abierta contra la exdirectora del geriátrico y la exresponsable de higiene sanitaria por ir en contra de la seguridad de los trabajadores, que se suma a la causa iniciada el 31 de marzo por homicidio por imprudencia y trato vejatorio a los usurarios. El abogado leridano Xavier Prats, especialista en derecho penal, ejerce la acusación popular en la causa de las trabajadoras, mientras que en la de homicidio imprudente lo hace como acusación particular en representación de los intereses de los familiares de tres de las víctimas.
Todas las declaraciones en estas dos causas, hace unos días por parte de los Mossos d’Esquadra, entre otros, y el pasado viernes a cargo de 9 trabajadoras del centro (están llamadas a declarar otras 49) corroboran que la gestión del centro en aquellas fatídicas fechas fue de un descontrol y caos total.
A la salida de esta jornada de declaraciones celebrada el pasado viernes en el juzgado de instrucción número 1 de Tremp, el letrado leridano Xavier Prats, director de Prats Advocats, explicó que “Ha quedado acreditado que todo era un caos, que faltaban manos y recursos, que las trabajadores no contaban con el material necesario de protección y que la dirección no cumplía con el plan de contingencia”.
El abogado leridano, especializado en juicios de carácter penal y en la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios por negligencia sanitaria, mala práctica médica, accidentes de tráfico, etc. indicó que las trabajadoras del centro y los internos vivían situaciones dantescas. “Las nueve trabajadoras que declararon ayer afirmaron que incluso por la noche se encontraban usuarios en los pasillos de la residencia pidiendo auxilio. «Una de estas trabajadoras tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad al verse desbordada y ha recibido tratamiento psicológico».
Xavier Prats, director de Prats Advocats, ejerce la acusación particular en la causa abierta por homicidio imprudente y vejaciones a los usuarios en representación de los familiares de tres usuarios del centro, después de sumarse a la causa dos familias en los últimos días
En cuanto a la falta de material, el representante de las familias (Prats Advocats comenzó esta causa llevando la representación de la familia de una de las víctimas a la que ya se han sumado dos más y no se descarta que el número se incremente en los próximos días) señaló que una empleada declaró que vio un tutorial en internet para limpiar las mascarillas y que otra dijo que había ido ella misma a comprarlas en la farmacia. Incluso, añadieron, la dirección les “ponían problemas” si pedían más material. «Yo estaba sola», «no tenía ningún tipo de ayuda, no teníamos instrucciones ni formación», «no había ningún tipo de control de temperatura ni de horarios de los trabajadores del centro». Son algunas de las declaraciones que hicieron las trabajadoras frente a la jueza. Según Prats, una de ellas aseguró que llegó a trabajar desde las siete de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente y que no había nadie para repartir almuerzos o cenas a los usuarios. «Las trabajadoras del turno de noche estaban más olvidadas y la formación que recibían era de compañeros», señaló Prats.
En las próximas semanas están previstas las declaraciones del resto de trabajadoras del centro. En total, está previsto que declaren un total de cuarenta y nueve trabajadores en la causa abierta por un delito contra la seguridad en el ámbito laboral. En cuanto a la causa abierta contra la ex directora del centro y la ex responsable de higiene sanitaria por el delito de homicidio imprudente y supuesta vejación a los usuarios, el pasado 31 de marzo ya declararon en el juzgado de instrucción de Tremp Mossos de Escuadra y responsables de Salud, como la ex delegada territorial Divina Farreny, que constataron el “descontrol” que hubo en el centro antes de que fuera intervenido, el 28 de noviembre de 2020. En la denuncia, la Fiscalía describe una residencia de los horrores en la que los internos pasaban hambre, sed y frío durante el brote.
