Xavier Prats, director del despacho de abogados leridano Prats Advocats, ha estado presente esta mañana en los juzgados de Tremp con motivo de la celebración de la primera jornada de declaraciones, en fase de instrucción, por la causa abierta contra dos extrabajadoras de la residencia Fiella de Tremp por homicidio imprudente y trato degradante. Durante el segundo brote de la pandemía por Covid 19 entre el 21 de noviembre de 2020 y el 25 de diciembre del mismo año murieron un 64 personas del total de 142 residentes

En relación con esta dramática causa, cabe recordar que el juzgado de Tremp abrió el 9 de febrero dos procedimientos en relación a la gestión del brote de cóvid-19 que afectó a la residencia Fiella de Tremp en noviembre de 2020, a raíz de la denuncia presentada por la fiscalía de Lleida, el pasado 3 de febrero, que indicó que en aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real. La situación y afectación de la Covid-19 en esta residencia provocó una situación dantesca con la muerte de 64 de los 142 residentes del centro.

Ambas causas están abiertas contra la ex directora técnica del centro y la responsable de Higiene Sanitaria; una por supuestos delitos de homicidio imprudente y vejación injusta, que ha comenzado hoy, y la otra por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores, que comenzará la próxima semana.

Por el momento, son siete las familias, todas ellas de fuera de Tremp, las que se presentarán como acusación particular del total de las 64 víctimas producidas entre el 21 de noviembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2022; pero debido a la gravedad del caso no se descarta que familiares de otras víctimas se sumen a esta causa.

En este sentido, el abogado Xavier Prats, con una contrastada experiencia en este tipo de reclamaciones (también ha defendido los intereses de las familias de seis víctimas producidas en el Hogar de San José de Lleida) representa los intereses de la familia de una de las víctimas de Tremp.

El abogado leridano, a la salida del juzgado, ha manifestado al gran número de medios de comunicación presentes, que en el transcurso de sus declaraciones, que se han alargado durante más de dos horas, los mossos d’esquadra citados “han confirmado a raíz de sus investigaciones, que han durado más de un año, que en la residencia había un descontrol total. Los Mossos han confirmado a la juez instructora del caso que desde el mes de agosto de 2020 la residencia no informó al Departamento de Salud de los planes de contingencia existentes y que no se formó debidamente al personal, incluso la directora rechazó cumplir con la normativa de salud. La enfermera del CAP de Tremp se ofreció a realizar una formación a los profesionales sobre cómo colocarse los EPIS y proceder al aislamiento de los abuelos y la directora le dijo que no», ha afirmado Prats apoyándose en la declaración de los Mossos, que también ha explicado que «no se aplicó ningún tipo de medida en los primeros días del brote de Covid. Prats ha añadido que si no hubiera intervenido la Generalitat, se habrían producido más brotes.

En esta primera jornada de declaraciones también ha comparecido como testigo Divina Farreny, que en ese momento era gerente de la Región Sanitaria de Lleida y el Alt Pirineu, y Elena Badia, responsable de la empresa GSS que asumió la dirección del geriátrico cuando el Gobierno intervino el centro.

En relación con estas declaraciones, Xavier Prats, abogado especializado en delitos de carácter penal, ha manifestado, como representante de los intereses de la familia de una de las víctimas, que ambas han reiterado el descontrol de la gestión del geriátrico en esos momentos. Según Prats, Farreny ha manifestado que Salut intervino la residencia debido al elevado número de casos de cóvid que había y que cuando entraron encontraron que no había ningún listado de personal ni de residentes actualizado y que les costó mucho encontrar el plan de contingencia.

Desgraciadamente el brote provocó la muerte de 64 de los 142 residentes del centro y, según la denuncia de la fiscalía de Lleida, aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y carencia asistencia sanitaria real. Fiscalía destaca también que los usuarios del centro se vieron privados de una correcta asistencia médica y de una falta total de coordinación con los centros médicos más cercanos. En la denuncia de fiscalía describe que muchos de los residentes pasaron frío, hambre y sed; incluso, se constató que existían cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días fallecidos.

Hoy en día, la residencia está gestionada por la fundación San Juan de Dios. La fundación eclesiástica fue apartada de la gestión desde 2021